La estabilidad social, política y económica ha convertido a Chile en un polo de atracción de migrantes latinoamericanos. Y un reportaje publicado este domingo por La Tercera reveló cómo nuestra legislación hace agua frente a este nuevo escenario migratorio.
La Fiscalía lleva una investigación ante una presunta red de tráfico de migrantes haitianos. El caso no es el primero. Pero su envergadura podría ser inédita, considerando que para 2017 se proyecta el ingreso de 48 mil personas desde Haití. Casi 5 veces más que el año pasado. Por eso la masiva llegada de extranjeros urge una respuesta política de fondo, que aborde el escenario futuro y no sólo la contingencia.
Y algunos diputados han presentado propuestas, tendientes aumentar las regulaciones para la llegada de extranjeros. Han hablado de “filtros”, “mayores controles”, “deberes” o un “orden” de quienes están ingresando. ¿Es ese el foco a seguir? ¿Debe, un proyecto de esta índole, partir desde la generalización, el prejuicio y el temor? ¿Cómo diseñar una ley que vaya de la mano con la inserción global económica y cultural que, a punta de TLC y acuerdos comerciales, ha trazado Chile en los últimos 30 años?
Es un buen momento para discutir esos puntos, como lo está haciendo buena parte de Europa y Estados Unidos. El Gobierno tiene pendiente el ingreso al Congreso de una nueva Ley de migraciones. Según el Jefe del Departamento de Extranjería, por razones financieras y no de prioridad política. Mientras, los extranjeros siguen llegando por miles. Muchos, en precarias condiciones, protegidos por una norma que, aunque no lo crea, data de 1975.
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