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La investigación del caso Basura se cerró hoy, con 18 imputados que serán acusados, además del ex alcalde Pedro Sabat, cuyo caso seguirá por separado.

Pero hay  una excepción. El gerente general de KDM, Fernando León, logró la suspensión condicional del proceso; a cambio de pagar 36 millones de pesos, y destinar 206 millones más a un plan de reciclaje en Maipú.

Para el defensor del ejecutivo, es la prueba de que no hubo delito de soborno. El fiscal regional occidente defendió el acuerdo, diciendo que gracias a él 2.500 hogares se verán beneficiados por este plan de reciclaje.

Pero, si el ejecutivo realmente había sobornado a funcionarios públicos, como decía la Fiscalía  ¿sería justo que se le ofrezca quedar libre sólo a cambio de dinero? Parece evidente que no.

De fondo hay dos problemas. El primero es que configurar el delito de soborno es difícil porque a diferencia por ejemplo de Alemania, e Chile es necesario coprobar qué favor específico se pidió a cambio del dinero.

El segundo, es que si se logran probar, las penas para cohecho y soborno en Chile son ridículas; parten desde los 61 días de cárcel, por lo que los involucrados casi nunca arriesgan penas de cárcel.

El caso basura es una de las mayores investigaciones sobre corrupción en Chile. Involucra a 3 ex alcaldes, concejales, funcionarios y ejecutivos de empresas, y por cierto seguirá adelante con 18 imputados que podrían llegar a juicio oral.

Pero lo ocurrido con el gerente general de KDM y nuestra legislación, reflotan las dudas, sobre qué tan en serio nos hemos tomado como sociedad, el combate contra la corrupción.

 

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