El ex gerente general y presidente de La Polar Pablo Alcalde, es apuntado como el principal responsable del caso de esta empresa. Es acusado junto a otros cuatro ejecutivos, y a semanas de la formalización el abogado de Alcalde, Jorge Bofill, negó la participación de éste en el caso de lavado de activos, la más grave de las acusaciones.
"¿De qué activos estamos hablando? En este caso particular la imputación se supone que es que determinadas personas habrían informado falsamente a la agencia, pero eso no les genera a esas personas ningún flujo de dinero", señaló Bofill.
Los cargos contra los ex ejecutivos son estados financieros falseados, información falsa a autoridades, uso de información privilegiada, crédito con datos falsos y lavado de activos. Según la tesis de su defensa, Pablo Alcalde sólo sabía de casos aislados en los hechos de repactaciones unilaterales.
La aplicación retroactiva de la norma, que establece una legítima defensa privilegiada para policías, generó una crisis en la alianza de gobierno y llevó al PS a congelar su participación.
