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Este lunes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite el proyecto que amplía la responsabilidad penal para los delitos económicos y contra el medio ambiente.

La iniciativa, que ya fue despechada al Ejecutivo para su promulgación a ley, incluye una sanción de los llamados “delitos de cuello y corbata”, relacionados con la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

Detalles de la ley

La ley armoniza una serie de normas destinadas a proteger el orden económico. Para ello, establece categorías de delitos, para calificarlos como “delitos económicos” y poder aplicar el estatuto diferenciado de penas:

  1. Delitos que siempre serán económicos, por ejemplo, los que son contra el Mercado de Valores o los delitos bancarios.
  2. Delitos que serán considerados económicos cuando son cometidos en el ejercicio de un cargo al interior de una empresa o cuando se cometan en beneficio de la misma, por ejemplo, los que sean contra el medio ambiente o los tributarios.
  3. Delitos que serán considerados económicos cuando sean cometidos por un funcionario público, siempre que intervenga en este funcionario alguien con un cargo en una empresa, o sean en beneficio de la misma, por ejemplo, el cohecho o la malversación de caudales públicos.
  4. Delitos que serán considerados económicos cuando exista un lavado de activos o receptación, siempre que el ilícito base sea un delito considerado económico.

Por otra parte, la normativa establece una fórmula especial para determinar la pena, su sustitución y la cuantía de la multa, bajo un nuevo sistema de “días-multa”, que establece una sanción económica proporcional a la gravedad del delito y se calcula con base en el ingreso promedio diario del condenado, pudiendo llegar, en algunos casos, a la sanción penal con cárcel efectiva.

¿Qué dijo el ministro de Justicia?

El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que es “probablemente la reforma más significativa al Código Penal de 1874 que tenemos hasta hoy”. “Reúne tres condiciones que son virtuosas para el debate público: Primero, es una moción parlamentaria transversal de distintos diputados y diputadas de todas las bancadas, segundo, es un proyecto que contó con la asesoría permanente de los principales aspectos de derecho penal en nuestro país y, tercero, que el Ejecutivo juega un rol en la promoción y en el impulso de este proyecto de ley, especialmente en la parte final, para que no se nos olvide la importancia que es combatir la impunidad económica”.

El secretario de Estado detalló que el objetivo central del proyecto es “combinar un conjunto de instrumentos para prevenir que se cometan este tipo de delitos que imponen mayores exigencias a las personas jurídicas y sus régimen de cumplimiento interno. También imponen mayores obligaciones a quienes cumplen cargos directivos y gerenciales en las compañías”.

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