Erika Olivera y Jorge Guzmán acudieron a Contraloría para pedir un pronunciamiento sobre la legalidad del contrato por $191 millones con Chilevisión y la creación de una nueva unidad interna dentro del Instituto Nacional de Deportes.
Los diputados Erika Olivera y Jorge Guzmán presentaron este miércoles una solicitud formal ante la Contraloría General de la República para que se investigue la legalidad de una serie de decisiones adoptadas por el Instituto Nacional de Deportes (IND) en el marco de la organización del Mundial Sub-20 Chile 2025.
El oficio, firmado el 17 de junio, apunta a dos hechos principales: la contratación directa con Chilevisión por $191 millones para producir y transmitir el sorteo del torneo, y la creación de la Unidad de Grandes Eventos Deportivos dentro del IND, cuya dirección fue asumida por Gustavo San Martín Castillo sin concurso público ni acreditación profesional registrada.
El contrato con Chilevisión fue formalizado mediante la resolución exenta 1867/2025, firmada el 29 de mayo, mismo día en que se realizó el sorteo en las dependencias del canal.
La justificación interna fue que Chilevisión contaba con la experiencia y capacidad técnica para llevar a cabo el evento, según una carta enviada por FIFA al director del IND, donde recomendaba su realización en dicho canal.
Sin embargo, los parlamentarios advirtieron que esta recomendación no obliga al Estado de Chile, ni aparece mencionada como fundamento legal en la resolución firmada.
En cambio, en la Comisión de Deportes del Congreso, el director nacional del IND, Israel Castro, declaró que el trato directo obedecía a que Chilevisión posee los derechos de transmisión del torneo. Este argumento, recalcan, es de naturaleza privada entre la FIFA y el canal, y no justificaría una excepción a la licitación pública.
Creación de unidad paralela
El segundo punto de la solicitud refiere a la creación de la llamada Unidad de Grandes Eventos Deportivos mediante la resolución exenta 03955/2024. En ella se delegan funciones y se estructura una unidad que, según los parlamentarios, funciona como un “mini IND” paralelo, sin sustento legal claro.
Su director ejecutivo, Gustavo San Martín, fue designado por resolución 00152/2025, bajo normas del Código del Trabajo y sin concurso de Alta Dirección Pública ni registro de título profesional en el IND, lo que también fue incluido en la solicitud a Contraloría.
Olivera y Guzmán también pidieron que el ente contralor se pronuncie sobre si el Estado de Chile, el Ministerio del Deporte o el IND están efectivamente obligados a seguir las recomendaciones o especificaciones técnicas de FIFA en la contratación de servicios. Recordaron que en el convenio marco firmado con la ANFP, el Ministerio del Deporte y la Corporación del Mundial Sub-20, no se establecen tales deferencias.
“El uso de fondos públicos debe regirse por la ley, no por recomendaciones extranjeras”, sostuvo Guzmán. “Esto no es solo una señal preocupante de opacidad, sino también un precedente peligroso”.
Olivera, por su parte, fue enfática: “No hay norma que obligue al Estado a seguir instrucciones de FIFA ni a saltarse una licitación”.
La acción fue presentada en el marco del rol fiscalizador que la Constitución otorga al Congreso. Los diputados aseguraron que seguirán vigilando el destino de los más de $9 mil millones que el IND tiene asignados para la organización del torneo juvenil.