El pleno de la Convención Constitucional (CC) votó este martes el último informe de la Comisión de Normas Transitorias. De las 43 normas propuestas se aprobaron 40.
Entre las indicaciones aprobadas se encuentra una que establece que al entrar en vigor la nueva Constitución, “todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad, se considerarán (…) autorizaciones de uso de agua”.
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El artículo ingresado por la convencional Jennifer Mella no comenzará a regir por completo inmediatamente, ya que mientras no haya legislación se aplicarán las reglas que prescribe el Código de Aguas en materia de Constitución y extinción de autorizaciones.
Una de las reglas establece que solo previa autorización de la Dirección General de Aguas (DGA) “se podrán autorizar cambios de titularidad en las autorizaciones administrativas de uso aguas (…) siempre que estén fundadas en la satisfacción del derecho humano al agua y al saneamiento, o la disponibilidad efectiva de las aguas”.
Otra señala que “las autorizaciones de uso de aguas otorgadas, constituidas, regularizadas o reconocidas antes de la entrada en vigor de esta Constitución se sujetarán a las normas del derecho común para efectos de su transmisibilidad por causa de muerte, hasta la regulación de esta materia en la ley”.
Nuevas instituciones
Por otra parte, otro de los artículos aprobados establece que en un plazo de 12 meses el presidente Gabriel Boric deberá enviar un proyecto de ley que cree la Agencia Nacional de Aguas, adecúe la normativa respecto a las autorizaciones de uso de aguas y cree los Consejos de Cuenca.
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“Mientras no entre en vigor dicha ley, las funciones de la Agencia Nacional de Aguas serán asumidas (…) por la Dirección General de Aguas del Misterio de Obras Públicas, que actuará en coordinación con los organismos públicos competentes y con el apoyo de los gobiernos regionales”, agrega.
También, en el plazo de un año, el presidente deberá convocar a una Comisión de transición ecológica, cuya principal tarea será diseñar propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas en la materia. La comisión estará integrada por académicos, organizaciones de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas, entre otros.
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