Es urgente dejar de mirar a las escuelas con desconfianza, dejar de actuar desde el Estado con autocomplacencia, exigir más no solo de las comunidades y los privados sino también de la propia labor publica y comenzar a construir un sistema que permita que los colegios, tanto públicos como privados, puedan enfocarse en lo que realmente importa y como sociedad les exigimos: la educación y el bienestar de sus estudiantes.
Como sociedad, parece haber un acuerdo transversal en que la educación ocupa uno de los primeros lugares de importancia para la vida común. No se trata solo de transmitir conocimiento, de formar personas íntegras para la vida común y de garantizar el desarrollo de niños y niñas; también se trata de posibilitar la integración entre pares, aprender hábitos virtuosos y evitar riesgos psicosociales. En este camino, la complejización de las tareas de las comunidades escolares ha ido aumentando, y los colegios son hoy espacios que, además de atender todas estas delicadas tareas, tienen que mediar con un Estado que les exige crecientes actualizaciones normativas sin capacitarse, él mismo, para esos cambios.
Se han conocido casos en los que, durante mediaciones ante la Dirección del Trabajo (DT) relacionadas con la Ley Karin, han ocurrido graves omisiones. En una situación reciente, un docente acusó violencia en el trabajo tras un incidente con estudiantes, lo que implicó una doble derivación: por ley Karin de acoso laboral y por convivencia escolar. Durante la mediación laboral, la DT expuso los nombres e información confidencial de las niñas involucradas, ignorando la obligación de resguardar legalmente los datos de las adolescentes y exigiendo sanciones sin considerar los principios que protegen las garantías y derechos de la niñez. ¿Cómo puede ocurrir que los organismos del Estado no estén preparados para defender aquello que el propio Estado exige a las comunidades escolares defender?
Asimismo, se han reportado casos en que los directivos escolares han sido citados por la Superintendencia de Educación (SIE) para justificar gastos rechazados del Programa de Integración Escolar (PIE). Lo paradójico: la evidencia solicitada ya había sido entregada antes, pero no estaba disponible para el abogado que revisaba el caso, lo cual resulta, al menos, absurdo e ineficiente. Tres directivos tuvieron que abandonar sus funciones durante toda una mañana por una evidente ineficiencia en los procedimientos internos de la SIE.
Los colegios, ya sobrecargados ante los numerosos protocolos que se les exigen (drogas, violencia escolar, ley Karin, violencia contra la mujer, etc.) deben, además, subsidiar al Estado ante sus propias incompetencias, entre las que se cuenta la duplicidad de funciones, la ineficiencia de los sistemas de información y la falta de capacitación de funcionarios públicos para lidiar con temas relacionados con niños, niñas y adolescentes.
Es urgente dejar de mirar a las escuelas con desconfianza, dejar de actuar desde el Estado con autocomplacencia, exigir más no solo de las comunidades y los privados sino también de la propia labor publica y comenzar a construir un sistema que permita que los colegios, tanto públicos como privados, puedan enfocarse en lo que realmente importa y como sociedad les exigimos: la educación y el bienestar de sus estudiantes.
La conductora de diversos programas del canal, como CNN Prime, Conexión Global Prime, Aquí se Debate, obtuvo la mayoría de respaldos por parte de quienes participaron de la elección.
