Este 3 de mayo se conmemoran los 30 años de la Declaración de Windhoek, que constituyó la antesala de la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de establecer, a partir de 1993, el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
En tiempos de restricción de derechos fundamentales, producto de la pandemia de coronavirus que nos azota hace más de un año, vale la pena recordar el rol fundamental que tiene la prensa en hacer exigible la rendición de cuentas de las autoridades, para lo cual el acceso a la información, como derecho fundamental, es clave.
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala en efecto que: toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión y opinión, razón por la cual no puede ser molestado a causa de sus opiniones, otorgándole además el derecho de investigar, recibir información y opiniones, y también difundirlas por cualquier medio (sic).
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Existe, por tanto, una estrecha relación entre la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa, que encuentra, por lo demás, una importante tradición en el derecho internacional a través de una serie de declaraciones, tratados y acuerdos. Es por ello que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos recordaba en su primera resolución del año 2020, a propósito de la pandemia y de los estados de excepción constitucional, que es necesario resguardar el acceso a la información pública, reconociendo el rol clave de la prensa.
La libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, y más en estos tiempos, constituyen un pilar fundamental de la democracia. En efecto, ahí donde existe opacidad en los fundamentos de las decisiones o donde proliferan noticias falsas que contaminan el debate político, la prensa cumple el rol de exigir información, corroborar fuentes y poner luz para controlar el ejercicio del poder. Nuestra última Encuesta Nacional de Transparencia confirma esto, situando a los medios de comunicación como una de las instituciones que más contribuye al combate contra la corrupción.
De ahí que en nuestro país no sólo sea relevante cautelar el acceso a la información pública -porque a través de ella se hace exigible la rendición de cuentas, se combate la corrupción y se permite el ejercicio del derecho “llave”, facilitando para los ciudadanos el acceso a otros derechos- sino también resguardar el ejercicio plural, libre y sin presiones del periodismo. Porque es a partir de éste que podemos efectivamente profundizar nuestros sistemas democráticos.
En tal sentido, nuestro país ha generado un marco jurídico robusto para garantizar su ejercicio, y que contempla: el reconocimiento constitucional a la libertad de información y expresión, una norma específica que asegura la libertad de prensa y una ley que garantiza el acceso a la información pública.
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Sin embargo, sabemos que un cuerpo normativo robusto requiere también de actores e instituciones comprometidos con el ejercicio de estos derechos fundamentales y un ejercicio permanente de vigilancia para evitar retrocesos. Esta tarea es de vital importancia, porque cuando se amenaza la libertad de expresión y de prensa, la democracia sufre un golpe mortal.
Avanzar en mayor control social no es una majadería en contra del poder, es un sano ejercicio en un sistema político donde la confianza es un valor en constante construcción, y que urge fortalecer acorde a los paupérrimos resultados en este ámbito que arrojaron la última Encuesta CEP y la Encuesta Nacional de Transparencia.
La historia de la humanidad nos ha demostrado que cuando relajamos o relativizamos los controles o el respeto a las instituciones, lo que tenemos es el camino al autoritarismo o la autocracia. Estar vigilantes, mas aún en momentos donde estamos tomando decisiones claves para el país de las próximas décadas, es un imperativo moral
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