Columna de Melissa Mallega y Farid Seleme: Emergencia Climática, ¿es posible una armonía entre Sociedad y Naturaleza?
En medio del último informe de la ONU sobre el cambio climático, donde se señalaba que ya estaban ocurriiendo cambios irreversibles, los abogados miembro de equipo medio ambiental de la precandidata Paula Narváez, aseguraron que una forma de tratar esta problemática es creando "un real involucramiento de las personas, y de las comunidades en los procesos de generación y elaboración de proyectos que puedan potencialmente impactar en sus vidas".
Nuestro planeta vive una verdadera emergencia climática, enmarcada en una triple crisis que considera, también, la perdida de la biodiversidad y la contaminación. El informe de ciencia climática del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático es lapidario: en todos los escenarios de emisiones que se describen, se prevé que el calentamiento de la superficie terrestre alcance 1,5 °C o 1,6 °C en las próximas dos décadas. Concluye también este informe que la actividad humana está impulsando el clima extremo, y los eventos como olas de calor intensas, derretimiento de los glaciares, calentamiento y acidificación de los océanos, son cada vez más frecuentes.
En Chile lo sabemos muy bien. Somos uno de los países más vulnerables frente a los riesgos de la crisis climática. De hecho, cumplimos con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad al cambio climático, presentamos altas tasas de pérdida de biodiversidad y uno de los peores índices de contaminación del aire, que según varias encuestas e indicadores de salud, es una de las principales preocupaciones ciudadanas en materia ambiental.
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Esto es especialmente grave, pues día a día miles de niños, niñas y jóvenes en nuestro país se ven expuestos a contaminación atmosférica, con consecuencias nocivas para su salud, especialmente para el desarrollo neuronal. Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alrededor de 600.000 mil niños y niñas mueren cada año en el mundo a causa de la contaminación y la mala calidad del aire.
Las conclusiones del IPCC, además de remecernos, deben llevarnos rápidamente a la acción. Reducir al menos a la mitad las emisiones GEI al 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono como máximo el 2050 es imperativo si queremos movernos dentro de los escenarios menos catastróficos.
Pero descarbonizar la economía es insuficiente si vamos a seguir depredando la naturaleza, ahora usando energía limpia para ello; no solo por el derecho intrínseco de todas las especies y ecosistemas a subsistir, sino también porque sabemos que las soluciones basadas en la naturaleza son esenciales para mitigar la emergencia climática y para adaptarnos a sus efectos inevitables. También, porque la biodiversidad es un componente esencial del bienestar social.
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¿Cómo nos hacemos cargo de los desafíos ambientales? Seguimos enfrentando una pandemia implacable y requerimos de planes de recuperación económica fuertes. Sin embargo, esto no puede significar un retroceso en las luchas ambientales, todo lo contrario: el crecimiento tiene que ser verde, libre de emisiones y protector de la naturaleza. Para ello, nuestro país tiene potencialidades que no podemos desaprovechar: a nuestra multiplicidad de climas y ecosistemas se suma la enorme capacidad de generar energía y combustibles limpios como el hidrógeno verde, el “petróleo del futuro” que se estima ayudará a reducir en 20% las emisiones a nivel global.
Sin duda son grandes desafíos que requieren estrategias de largo plazo, pero igualmente hay medidas que deben implementarse desde ya. Una de ellas es la educación ambiental.
En la Cámara de Diputadas y Diputados hay dos proyectos de resolución que resultan muy interesantes. El primero tiene como objetivo solicitar al Poder Ejecutivo que realice acciones de fomento de la alimentación sobre la base de proteínas de origen vegetal. El segundo busca la incorporación al currículum escolar de material educativo sobre cambio climático, políticas alimentarias y bienestar animal.
Ambas iniciativas dicen relación con entender de manera sistémica e interrelacionada los conceptos de cambio climático, salud, y la forma de alimentarnos. La producción de carne es una gran fuente de emisiones que contribuye a la emergencia climática. Tenemos que ser conscientes de los productos que consumimos, por lo cual se hace necesario pensar en una segunda fase de nuestra exitosa política de “etiquetado de alimentos” que incluya también su huella ecológica (de carbono e hídrica).
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En este mismo sentido, y entendiendo el nuevo paradigma que debe existir entre la relación del ser humano con la naturaleza, se valoran discusiones como la que se dio la semana pasada, cuando la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó en general un proyecto sobre bienestar animal (Boletín 10.651-12), cuyo objetivo, entre otras medidas, es declarar a los animales no humanos como seres sintientes. Un nuevo paso debe ser la prohibición de cualquier “deporte” o espectáculo donde se maltraten animales. Tenemos que avanzar en regulaciones que sirvan para cuidar toda la biodiversidad de flora y fauna, especialmente aquella que es nativa.
Otro punto importante que debemos plantear cuando hablamos de los desafíos ambientales es el robustecimiento de la participación ciudadana en todas las instancias. Chile entero sigue sin entender por qué este gobierno nos marginó del Acuerdo de Escazú, negociado casi íntegramente en nuestro país, y que justamente busca garantizar los derechos de acceso a la información, la justicia y la participación en materia ambiental. Esperando que un próximo gobierno revierta este bochorno, también creemos que se debe perfeccionar la legislación nacional.
No hablamos solamente de hacer consultas, sino de un real involucramiento de las personas, y de las comunidades en los procesos de generación y elaboración de proyectos que puedan potencialmente impactar en sus vidas. Se deben fortalecer los procesos de participación ciudadana en el origen de las políticas públicas, especialmente aquellas que dicen relación con políticas de ordenamiento y planificación territorial. Sabemos que, a mayor participación ciudadana, más baja es la probabilidad de que existan conflictos socio ambientales. Al día de hoy, existen en nuestro país alrededor de 127 de estos conflictos a lo largo y ancho del territorio, según cifras entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Para responder a las demandas ambientales expresadas por la ciudadanía, con aún más fuerza a partir del estallido social ocurrido en octubre de 2019, necesitamos que el nuevo pacto social, ambiental y territorial incorpore ejes que busquen la armonía entre la sociedad y la naturaleza. Estamos en un momento crucial para ello y en medio de una emergencia climática que nos desafía a todo nivel. Pero somos parte de las y los optimistas que creen que esta armonía sí es posible de alcanzar.