“Montón de cargos en el Estado se hacen de acuerdos políticos. Tribunal Constitucional, nombramiento de la Corte Suprema. Yo creo que hay que terminar con la politización de las instituciones. Aquí tiene que haber meritocracia”.
Alejandro Guillier.
Aunque efectivamente muchos cargos se asignan mediante acuerdos políticos, esto no necesariamente atenta contra la meritocracia.
Desde el comando del senador Alejandro Guillier señalaron que la afirmación no se basa en ningún estudio. “Tenemos una institucionalidad que privilegia acuerdos cupulares partidistas (…) El cuoteo político está en todas partes y hay que cambiarlo”, agregaron.
La designación de cargos públicos en Chile está estipulada en leyes. Efectivamente, muchas designaciones ocurren gracias a acuerdos políticos entre el presidente y el Congreso o entre ambas ramas del poder legislativo o con acuerdos dentro del Poder Judicial.
Esto es así para, por ejemplo, los casos que menciona el candidato Guillier, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, pero también para otros cargos: integrantes del Consejo Nacional de Televisión, el Fiscal Nacional, el Contralor General de la República, el directorio de TVN, el Consejo del Banco Central, entre varios más.
En uno de los casos de marras, el nombramiento de los integrantes del Tribunal Constitucional, intervienen el Presidente (nombra tres integrantes), el Congreso (nombra cuatro, con acuerdo de dos tercios del Senado) y la Corte Suprema (nombra tres, en votación secreta).
Para la Corte Suprema, el nombramiento de sus 21 ministros depende de un complejo sistema de proposiciones y aprobaciones. La misma corte envía una quina de candidatos, el presidente elige un candidato de esos cinco y luego tiene que ir al Senado y obtener dos tercios de los votos para que se produzca el nombramiento.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA (ARTÍCULO 78: CORTE SUPREMA, ARTÍCULO 92: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL)
El problema al que hace referencia el candidato parece ser la práctica de los nombramientos, no la regulación. Que personas terminen en los cargos debido, solamente, a acuerdos políticos, más que a sus condiciones técnicas o profesionales.
En mayo de 2016 los diputados Osvaldo Andrade, Jaime Bellolio, Gabriel Boric, Karol Cariola, Daniella Cicardini y Maya Fernández presentaron un proyecto ley para que el Congreso tenga la obligación de recibir, en las comisiones, a candidatos a cargos sobre los que el legislativo tenga que intervenir. Esto, sorprendentemente, ocurre hoy, pero sobre una base voluntaria.
La iniciativa fue aprobada, en general, unánimemente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en septiembre de 2016.
En esa sesión, la abogada y directora de Incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada, señaló que ambas Cámaras participan en las designaciones de integrantes de diversas instituciones públicas, “mientras la Cámara de Diputados participa en 6 designaciones, el Senado lo hace en 24 casos”.
El proyecto está actualmente en el segundo trámite constitucional, en el Senado.
PROYECTO “MODIFICA LA LEY N° 18.918…”.
En julio de 2016 un grupo de organizaciones realizó una declaración pública para promover una mayor transparencia del Congreso y “una participación efectiva de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil en la actividad legislativa”.
#NoAlCuoteo, se llamó la iniciativa, propone que “los procesos de designaciones se hagan de cara a la ciudadanía con audiencias públicas basadas en el mérito y contemplando un tiempo mínimo entre dicha audiencia y su votación por las cámaras, para permitir un mínimo de escrutinio de la sociedad civil, donde se pueda corroborar que los/las candidatos/as cumplen con las competencias necesarias para ejercer dichos cargos”.
Eduardo Engel, economista y director de Espacio Público, dice: “Tener escrutinios públicos da tiempo antes de las votaciones del senado. Es importante que existan filtros de la opinión pública“.
“La crítica del candidato pareciera ser que dice más relación con un problema de los partidos políticos que de las instituciones. Porque en la práctica siempre el Congreso va a ser un ente que es político y el cargo de ministro de Corte Suprema es nombrado por miembros del Congreso, que son electos políticamente. (Esto) va a requerir entonces de un consenso que sea político“, dice Felipe Bravo, académico de la Escuela de Derecho UC.
“El error de Guillier“, dice Sebastián Soto, profesor de derecho constitucional UC, “es suponer que los acuerdos políticos se oponen a las designaciones de personas con mérito. Las designaciones donde hay acuerdos políticos no son excluyentes de los méritos. Un ejemplo es el Banco Central. Nadie duda que las personas del Banco Central tienen mérito técnico. Él está confundido”.
El académico de Ciencias Políticas de la UDP, Claudio Fuentes, coincide con Guillier en que muchos cargos se designan por acuerdos políticos, pero aclara que no hay necesidad de despolitizar las instituciones: “En cierto nivel del Estado la política juega un rol fundamental. No me imagino, por ejemplo, un Tribunal Constitucional únicamente con abogados de Harvard y nada de experiencia en asuntos políticos. Eso es, a mi juicio, equivocado. Debe haber una combinación de personas que hagan bien su trabajo y que tengan una visión política”.