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Fue rechazado en el Congreso, pero sigue causando controversia: diputados de la UDI anunciaron que llevarán a las Naciones Unidas el informe de la comisión Sename 2.

Pretenden que la ONU determine si el Estado de Chile ha vulnerado los derechos humanos de niños internados en el Sename, violado así tratados internacionales.

Precisamente ése fue uno de los argumentos con que el gobierno hizo lobby ante sus diputados para que rechazaran el informe. Según la minuta que distribuyó La Moneda, al admitir las violaciones a derechos de los niños, quedaría comprometida la responsabilidad del Estado.

Eso es cierto y -en nuestra opinión- es precisamente lo que hay que hacer. Si Chile firmó estos tratados, fue para obligarse a respetar los derechos de los más vulnerables, y si el Estado ha infringido ese deber, entonces debe ser denunciado.

También es cierto, como dice el gobierno, que el Congreso no es un juzgado. Pero el informe no culpa de crímenes, sino que atribuye responsabilidades políticas y hace críticas al reparticiones públicas, precisamente lo que se espera de un órgano fiscalizador.   

El Instituto de Derechos Humanos ha presentado querellas por torturas contra niños, y la Fiscalía persigue precisamente ese delito -torturas- en varios casos, como el de Lissette Villa.

Hechos cometidos por funcionarios del Estado… en contra de menores privados de libertad y de otros que estaban bajo la protección del Estado.  

Por eso más allá de las responsabilidades penales, que son individuales, hay una responsabilidad del Estado de Chile que no puede ser pasada por alto.  

 

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