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En medio de la última etapa de tramitación del proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales, y ante su inminente aprobación, el sistema público será sometido a prueba en distintos ámbitos. Uno de ellos…  la cantidad de médicos disponibles a nivel nacional que podrán diagnosticar la inviabilidad fetal, la segunda causal del proyecto.

Actualmente son 17 los profesionales del sistema público. Otros 3 se sumarán en los próximos meses, al finalizar su formación profesional. ¿Serán suficientes para garantizar un procedimiento imprescindible en esta causal? Según el Minsal, sí. Se asignarán médicos para las 6 macrozonas a nivel país. Y se trabajará en redes integradas, desplazándose para concretar las revisiones necesarias.

Mientras, el diputado Juan Luis Castro asegura que de todas formas se requerirá colaboración con el sector privado para que a ninguna embarazada se le prive del diagnóstico que permitirá la práctica del aborto. Pero en ambos casos habrán dos problemas: la concentración de tres cuartas partes del total de médicos habilitados en la Región Metropolitana y la eventual objeción de conciencia para llevar a cabo una evaluación que, eventualmente, derive en un aborto.

Eso, sumado al contexto de las dudas sobre la gestión del sistema público de salud y la falta de especialistas general, este podría transformarse en el primer gran desafío para la futura implementación de la Ley.

Sobre todo por las interrogantes respecto al presupuesto, de 5 mil millones de pesos asignados en el Congreso, que desde la oposición aseguran que será “insuficiente” para cumplir con los procesos de acompañamiento y apoyo psico social comprometidos. Y que pondrán a prueba uno de los proyectos más emblemáticos para el sistema de salud en las últimas décadas…

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