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El ex subsecretario de Estado ahondó en los servicios prestados por la profesional en Corpesca, un mes después de participar en la Ley de Pesca. 

En medio de las investigaciones de la Fiscalía por el
caso Corpesca, diversas organizaciones sociales lanzaron una campaña de recolección de firmas para promover la anulación de la Ley de Pesca. Una acción ciudadana que rechaza el comportamiento de los parlamentarios que habrían recibido dinero por parte de la empresa pesquera, y además participaron en la tramitación de la polémica iniciativa. 

En entrevista con CNN Chile,
el ex subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, manifestó que la ley de Pesca asigna un 55% a los pescadores artesanales y que en el 45% restante las “licitaciones están incorporadas”. En este sentido explicó que “lo más importante, dado el estado de los recursos pesqueros, es que la ley pretende cuidar los recursos para tener proyección”.

“Esta ley acogió íntegramente el pronunciamiento del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE)”, agregó.

Respecto a las
acusaciones de colusión, destacó que tienen “muy pocas posibilidades de prosperar” ya que fue un acuerdo entre las partes. Bajo este contexto manifestó que en la ley anterior “las licencias de pescas eran indefinida”, a diferencia de esta nueva normativa.

“El 34% del total de los desembarques los tienen las pesqueras industriales”, puntualizó.

Al hablar de las
licitaciones, remarcó que están contempladas en el 45% donde sólo se entrega el 15% a los industriales. “Son licencias renovables, pero definidas en 20 años”, afirmó.

“La situación de los artesanales es muchísimo mejor y eso lo logramos con la ley”, añadió.

En relación al
lobby, aseguró que “todo el mundo” realizó gestiones, esto porque era un “rompecabezas muy difícil de sacar adelante”. Asimismo expresó que “hoy se juntaron intereses económicos de empresas que no quedaron conformes con la ley”. 

Además, durante la entrevista se refirió a los
cuestionamientos en torno a la abogada María Alicia Baltierra por la prestación de servicios a Corpesca, y su relación con la tramitación de la Ley de Pesca. 

“Creo que no ha cometido ningún pecado ni legal ni ético 
(…). Tiene derecho a trabajar como cualquier chileno”, subrayó.

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