Dicha compensación ha sido justificado por la premura de esos años de sacar a estos individuos del país.
Una investigación de casi dos años llevada a cabo por la Associated Press, demostró que el Gobierno norteamericano ha pagado pensiones de al menos 66 sospechosos nazis, de los cuales 38 habrían mantenido el beneficio desde 1979, fecha en la cual salieron de Estados Unidos, luego de llevar años refugiados en dicho país después del término de la Segunda Guerra Mundial.
Desde la Casa Blanca se lamentó el hecho, declarando a través del vocero presidencial Eric Shultz, que ese Gobierno “está totalmente en contra que individuos como estos, estén recibiendo beneficios sociales pagados por Estados Unidos”. Asimismo recalcó que la postura norteamericana ha estado siempre enfocada en “perseguir y llevar a que sean juzgados a los miembros del Partido Nazi”.
El Departamento de Justicia norteamericano señaló que dichas pensiones se empezaron a pagar para “facilitar el proceso de salida del país“, a quienes migraron al país luego del fin de la Segunda Guerra, ya que los procesos de revocación de ciudadanías o deportación “habrían durado décadas“. A esto se agregó la imposibilidad de que la justicia nacional los pudiera juzgar, por lo que el vocero resaltó que la necesidad de sacar a estos individuos de suelo estadounidense “era muy grande para esperar tanto tiempo“.
Actualmente el portavoz de la Casa Blanca dijo que se encuentran “abiertos a una idea de legislación para cambiar esta situación” debido a que la ley, en medio de un vacío legal, no considera como delito el pago de pensiones a estos auto-exiliados nazis.
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