Las críticas y apoyos a "la ley Hinzpeter"

Adelantándose a las posibles manifestaciones convocadas para marzo, el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, pidió al gobierno acelerar la tramitación de la llamada "Ley anti tomas". Una iniciativa que aumenta las penas por desórdenes públicos y que tiene tanto adherentes, como detractores.

De ser aprobada, la ley penaliza impedir la libre circulación en las calles y la ocupación o saqueo de viviendas, comercio o establecimientos público como colegios y universidades. Encapucharse agravaría aún más la pena.

Para algunos, se trata de disposiciones que podrían aplicarse para castigar a quienes se manifiesten en las calles o se tomen un liceo, pero para los dirigentes de la FECH, la propuesta "criminaliza" el movimiento estudiatil.

En ese escenario, y tras el rechazo de varios gremios, el gobierno optó por enviar una indicación que elimina el artículo segundo del proyecto, en él se faculta a la policía a pedir registros  a los medios de comuniciación como prueba de eventuales delitos.

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