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La Contraloría General de la República entregó su informe sobre las acusaciones que hizo la Alianza Por Chile de que existía intervencionismo electoral de algunos ministros de Estado a favor de la campaña electoral de Eduardo Frei.
Al momento de las acusaciones el Gobierno señaló que no podía existir intervencionismo ya que los ministros no eran funcionarios públicos.
El organismo contralor señaló que los ministros no pueden intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, ejercer coacción sobre otros empleados "y en general valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar por cualquier medio candidaturas, tendencias o partidos políticos".
Ramiro Mendoza, el contralor general, señaló que esperan que el dictamen siente un precedente importante desde ahora y para el futuro, dando así a entender que la determinación no tendrá efectos retroactivos.
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