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La fundación Pro Acceso es uno de los organismos que tuvo importante participación en poner en marcha la nueva Ley de Transparencia que entró en vigencia a principios de esta semana.
Moisés Sánchez, director ejecutivo de la organización, dijo que había que celebrar el esfuerzo hecho por la sociedad chilena y los actores estatales por este cambio que constituye un “hito histórico”.
Sin embargo manifestó la importancia de unificar criterios respecto de lo que cada cartera del Estado entiende por “remuneración” porque en las páginas web de los distintos servicios se entrega información dispar.
Es por ello que insistió en la necesidad de crear un ente regulador en esta materia, de manera que se puedan comparar unos servicios con otros.
“Otro desafío pendiente, creo yo, es fortalecer las municipalidades. Los municipios son justamente la instancia a las que las personas recurren con mayor frecuencia a pedir la información, sin embargo las estadísticas dicen que son las que tienen mayores problemas estructurales al minuto de implementar esta ley”, precisó Sánchez.
Además se planea expandir las materias que se hacen transparentes a los ciudadanos, de manera que puedan conocer sobre educación, salud y obras públicas por ejemplo y así tomar decisiones más informadas.
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